Desde hace aproximadamente 11 años, desde que entró en vigencia la ley de Salud Mental (ley 26.657), tanto los profesionales que ejercemos la especialidad como los pacientes que presentan algún trastorno mental vivimos una verdadera pesadilla. Es una ley sustentada en la ignorancia, la desidia y el desconocimiento absoluto de lo que sucede en la práctica profesional de los especialistas en salud mental.
Sólo basta con saber que ninguna Facultad de Medicina ni sociedad de psiquiatras de la Argentina fueron consultados a la hora de redactar esta deficiente y peligrosa ley, que maniata a los profesionales e impide el cuidado de los enfermos y del resto de la sociedad.
Supuestamente, esta ley fue concebida para resguardar los derechos del paciente y nos hace ver a los psiquiatras como opresores sociales que queremos cercenar su voluntad.
Esa perspectiva, ese fundamento, no sólo es de una ignorancia supina sino que ha sido sumamente dañino en todos los planos: no sólo por las contradicciones que contiene sino, también, porque sólo se encargó de destruir lo que había, sin agregar nada de valor para mejorar/suplantar las instituciones y políticas existentes.
Quienes impulsaron esta ley, sólo se llenaron la boca con discursos políticos que bendecían y celebran una supuesta “desmanicomialización”, cuando en Argentina no existen los “manicomios” desde hace mucho tiempo. Lo que tenemos son instituciones monovalentes especializadas.
La Ley de Salud Mental argentina intentó espejar normativas similares del Primer Mundo sin comprender cómo funcionan las cosas en nuestro territorio y qué instrumentos necesitan en los especialistas para poder implementar un abordaje terapéutico efectivo.
Sin duda, en casi todo el mundo la tendencia es disminuir las internaciones, pero, para ello, se ha creado un complejo y eficiente dispositivo alternativo, de instituciones intermedias y mecanismos de acompañamiento, que arman una red de contención profesional que asiste al paciente mientras cuida a la su familia y a la sociedad. Es decir, son políticas sociosanitarias que implicaron una inversión que aquí no se ha realizado en más de una década, desde que entró en vigencia la Ley.
Un buen ejemplo es Gran Bretaña, donde se elaboró un plan para encarar un proceso de desmanicomialización, diseñando todos los dispositivos que la ley argentina enumera pero jamás cumplió: se dispusieron casas para alojar a los pacientes, donde son atendidos de modo continuo, visitados regularmente por asistentes sociales y enfermeros y con consultas mensuales con el psiquiatra de cabecera.
Allí, en 20 años dejaron de existir los hospitales psiquiátricos, pero el médico de cabecera, ante la consulta, deriva al paciente a un psiquiatra. Y toda la medicación es gratuita. Aquí se prohibió abrir nuevos hospitales monovalentes y se pretende que el enfermo mental se atienda en un hospital polivalente. Esta decisión esconde un peligroso desconocimiento de la problemática: es pueril pensar que un hospital no especializado pueda atender casos psiquiátricos graves.
Son lugares que tampoco tienen la estructura necesaria para albergar a estos pacientes. Basta una pregunta para alumbrar (en el mejor caso) la ignorancia: ¿Cuál sería su lugar de esparcimiento? O será que el abordaje contempla tenerlos atados en una cama todo el día…
Hoy, en Argentina, realizar una internación involuntaria es completamente engorroso, dilatorio y no acompasa los tiempos de una urgencia psiquiátrica.
Quienes amamos la psiquiatría y creemos en el enorme potencial de sus instrumentos nos preguntamos cómo es posible que el criterio de internación parta de una premisa falsa e insostenible. ¿Qué se entiende por “riesgo cierto o inminente para sí o para terceros”? Es sencillo: si riesgo es sinónimo de probabilidad, nunca puede ser cierto… Es decir, sería una certeza. Ridiculeces de este calibre plagan el texto de esta vergonzosa ley.
Por otro lado, las casas de medio camino son otra promesa trunca. El enfermo psiquiátrico, luego de su externación, debería pasar por estos espacios para hacer “un camino intermedio” antes de reinsertarse en la sociedad. Hoy en día, estos lugares de transición son prácticamente nulos, por lo cual el paciente y su familia pasan una y otra vez por un verdadero calvario, librados a su suerte y al destino que una salud mental riesgosamente frágil reserve a un paciente que, está probado, sufre y hace sufrir.
Lo hemos visto recientemente en el caso del cantante Chano o del joven que apuñaló a una decena de personas en Palermo: internar a un paciente de manera involuntaria es casi imposible. Es riesgoso para él, para su familia y para la sociedad toda. La ley de salud mental los empuja a todos al abismo.
Con otra ley, con otra política, múltiples eventos de autoagresión o heteroagresión serían evitables. Cambiarían muchas cosas si se tomase la enfermedad psiquiátrica con la entidad que realmente tiene, tomando distancia de un garantismo psiquiátrico que está haciendo estragos en Argentina: los cuadros psiquiátricos no son problemas psicológicos. Quienes los sufren son víctimas de su enfermedad mental y necesitan atención especializada, ya que existen alteraciones de neurotransmisores en el cerebro que pueden tratarse.
Los casos que llegan a los medios de la mano de pacientes famosos son apenas la punta del iceberg. La pandemia ha gatillado esta problemática. La salud mental merece otro lugar en la agenda sociosanitaria. Es urgente. ¿Cuántas muertes más se deben tolerar para que esta ridícula ley se modifique?
- Por: Dr. Rafael Herrera Milano. Médico Psiquiatra. Perito del Poder Judicial de la Provincia de Bs.As M.N127.896 M.P 333.749
